En un firme llamado a la unidad y al trabajo colaborativo, la Cámara Nacional de Seguridad Privada reafirmó su compromiso con el desarrollo y la profesionalización del sector, subrayando que el fortalecimiento del rubro depende del esfuerzo conjunto de todos sus actores.
A través de una declaración oficial, la entidad gremial destacó la reciente instancia de trabajo sostenida junto a la Subsecretaría de Prevención del Delito, un espacio donde diversos representantes de la industria pudieron aportar su experiencia técnica y operativa en el marco de la implementación y mejora de la Ley N.º 21.659, normativa clave para la modernización del sector en Chile.
"Desde la Cámara Nacional de Seguridad Privada creemos que el diálogo y la colaboración entre autoridades, gremios, empresas, organizaciones profesionales y trabajadores son el camino para seguir fortaleciendo la seguridad privada en Chile", señalaron desde la institución, valorando positivamente la apertura de las autoridades gubernamentales para escuchar a quienes operan diariamente en el terreno.
El mensaje central de la Cámara hizo hincapié en el factor humano, recordando que los avances normativos deben tener un impacto real y positivo en el ecosistema completo del rubro. "Una mejor industria no se construye de manera individual; se construye pensando en las personas, en las empresas y, especialmente, en los miles de guardias de seguridad que día a día cumplen un rol fundamental para nuestro país", enfatizó el comunicado.
De cara a los próximos desafíos normativos y operativos, la organización hizo un llamado a mantener activas estas mesas de diálogo, apostando por la estandarización de procesos y la mejora continua. "Sigamos construyendo una seguridad privada más profesional, unida y preparada para los desafíos del futuro. Porque fortalecer la seguridad privada es contribuir a la seguridad de todos los chilenos", concluyeron.
Con estas acciones, la Cámara Nacional de Seguridad Privada continúa posicionándose como un actor articulador fundamental, promoviendo políticas públicas que beneficien no solo a las empresas de seguridad, sino a toda la ciudadanía.